Reflexiones sobre la propuesta de reforma fiscal 2014 del Comité de Expertos.

Una vez que ha sido elaborada y entregada al gobierno la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio presente, por el Comité de Expertos nombrado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, es importante saber y conocer quienes son esos miembros de tan importante órgano de asesoramiento y los objetivos de sus funciones como expertos en la materia fiscal, pero no debemos olvidar que su informe no es vinculante para el Gobierno, éste como se sabe tiene la última palabra y es quien debe aprobar la oficial reforma fiscal para este año.

Pasando pues a conocer a los miembros describiré quienes son, y que profesiones o cargos detentan, así como con que motivo y objetivos se les nombro.

El Comité se creó para orientar sus propuestas a lograr un sistema tributario más sencillo y neutral, garantizar la suficiencia de ingresos, potenciar la eficiencia de la economía y el desarrollo social, así como a una revisión del conjunto del sistema tributario que permita ayudar a la recuperación económica y la creación de empleo en el momento oportuno, contando en todo caso con las restricciones que impone la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pudiendo extenderse en el ámbito de sus propuestas a las medidas que deban adoptarse para una mejor gestión e inspección de los tributos.

En principio nada que decir, muy buenos propósitos para mejores fines.

En cuanto a la composición del Comité está exclusivamente formada por profesionales económicos y tributarios de reconocido prestigio en el ámbito académico profesional. Al frente de ella está su presidente, Manuel Lagares Calvo, y la completan ocho vocales. Describiendo esquemáticamente sus cargos y profesiones, son los siguientes:

1) Manuel Lagares Calvo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Inspector de Hacienda en excedencia, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. En 1977 fue nombrado Subsecretario de Economía en el primer Gobierno democrático de España. Fue coordinador del equipo que elaboró el Libro Verde de la Reforma Tributaria española de 1977-1978, consejero para Asuntos Económicos del Presidente del Gobierno (presidentes Suárez y Calvo Sotelo). Entre 1978 y 1987 presidió el Grupo de Trabajo para la evaluación del fraude fiscal y fue Presidente de las Comisiones para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1998 y 2002. Ha sido uno de los integrantes del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones.

2) Pedro Manuel Herrera Molina. Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho financiero y tributario de la UNED. Miembro de la sección de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

3) Fernando Fernández Méndez de Andes. Doctor en Ciencias Económicas. Ha sido Profesor Titular de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es Profesor de Economía del IE Business School de Madrid. Ha sido Economista jefe y Director del Servicio de Estudios del Banco Santander Central Hispano, así como Economista Principal del Fondo Monetario Internacional en el Departamento del Hemisferio Occidental.

4) Sixto Álvarez Melcón.- Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Hacienda del Estado y destacado especialista en consolidación.

5) Rafael Ortiz Calzadilla.- Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversas reuniones técnicas en el Instituto de Estudios Fiscales para la reforma del IRPF y el Impuestos sobre Sociedades.

6) Juan Francisco Corona Ramón. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Economía Aplicada. Rector Honorario de la Universidad Abat Oliba-CEU. Investigador en áreas como la Hacienda Pública, creación de empresas y empresa familiar. Director Académico del Instituto de la Empresa Familiar. Ha participado en reformas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y en la creación en 1988 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

7) Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública de la UNED. Ha sido jefe de asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Ha sido uno de los integrantes del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones.

8) Maximino Carpio García. Doctor en Economía. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Departamento de Economía y Hacienda Pública de dicha Universidad. Entre sus áreas de especialización se encuentran: política fiscal, Haciendas territoriales, sistemas de pensiones, gastos sociales y tercer sector. Consejero del Banco de España.

9) Pablo Hernández de Cos. Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es presidente del Grupo de trabajo de Hacienda Pública en el Sistema Europeo de Bancos Centrales y director de Análisis de Política Económica del Banco de España, donde ha ocupado distintos puestos directivos.

De un primer vistazo podemos deducir varias cosas, la en principio indiscutible alta cualificación técnica, económica y jurídica de todos sus miembros. Son Catedráticos, Doctores, Inspectores de Hacienda o ambas facetas a la vez, así como grandes investigadores en la materia.

Su nombramiento es por el gobierno actual, y su presidente dirigió las reformas del IRPF en los períodos de gobierno del Partido Popular.

Pero curiosamente dentro de este grupo, no existe representación de los sectores a los que va a afectar la reforma fiscal en curso o a los que se pretende desarrollar para la creación de empleo, indispensable objetivo para el equilibrio presupuestario y la consolidación fiscal que se pretende. ¿Dónde estarían los representantes de empresarios, PYMES, autónomos, trabajadores, pensionistas, personas dependientes, parados, hipotecados….?. Ya que los fines son de neutralidad, progresividad social, desarrollo económico y creación de empleo, ¿no se debería de contar con los agentes sociales y económicos que se verán afectados directamente con la reforma?, o ¿quizás es más eficaz elaborar unas propuestas técnicas basadas en estadísticas de eficacia recaudatoria, en las se trate de equilibrar los ingresos necesarios para cuadrarlos con unos gastos públicos, en los que cada vez tiene un valor más importante los vencimientos de la deuda publica que arrastramos de los años de la crisis?, ¿porqué la elección y nombramiento de un comité tan técnico no se realiza directamente por y entre todos los Funcionarios de Hacienda, Economistas, Catedráticos y Doctores en la materia?. En fin, que cada uno se conteste a esas preguntas y reflexione por si mismo.

Pasando a la reforma fiscal en sí especificaré y resumiré las principales novedades que propone:

a) Rebaja del tipo máximo del IRPF, ahora del 52%, y del 56% de CCAA como Cataluña, Andalucía o Asturias, al 50%, aunque el comité considera que lo ideal sería el 45%. Ciertamente una rebaja que favorecería a las rentas más altas, pero que según para algunos es necesaria debido al carácter confiscatorio de porcentajes por encima del 50%. Teniendo en cuenta el salario medio en España que ronda los 22.000 euros (al que se le aplica un tipo de gravamen de un 25% aproximadamente) reducir las rentas máximas de trabajo en un 50% para gente que gane más de 300.000 euros al año en plena crisis parece una injusticia social para estos, por el alto tipo que pagan. Pero por favor, apliquemos dichos porcentajes a los salarios de 22.000 y 300.000 más o menos y vean lo que le queda a cada persona para vivir. En fin, a lo mejor el error está en permitir esas diferencias salariales, puesto que por mucha responsabilidad que tengan determinados puestos de trabajo o actividades económicas ¿deben ser remunerados 15 veces más que el sueldo medio de un trabajador en España?. Que cada uno se conteste a esta pregunta y piense si ese trabajo tan altamente remunerado tendría la misma retribución en un país del tercer mundo.

b) Que el tipo reducido del IVA del 10% sólo grave la entrega de vivienda, el transporte y la hostelería. Pero todo lo demás que estuviese encuadrado en el tipo reducido pasaría a llevar el 21%, de momento, porque claro está Bruselas presiona al Gobierno para que el IVA del 21% pase al por lo menos 23% y tampoco lo ve con malos ojos este Comité a fin de compensar las posibles perdidas de la Seguridad Social si se aplicasen las propuestas de rebaja en las cotizaciones sociales por parte de las empresas.

c) Supresión del Impuesto del patrimonio, curioso lo de este impuesto que desaparece y aparece según convenga a unos y a otros, quizás sería mejor un impuesto que gravase las grandes fortunas de verdad, y no uno que penalice al ahorrador medio y no especulativo, que con el fruto de su trabajo y ahorro ha logrado un capital que resulta irrisorio comparado con las grandes patrimonios que existen en nuestro país.

d) Eliminar las reducciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dejando un único mínimo exento común. La misma reflexión que en el apartado anterior se podría hacer en este, eliminar reducciones de este impuesto ¿a quién perjudicaría más?.

A los herederos de las clases medias que se ven obligados muchas veces a tener que pedir prestamos o desembolsar desproporcionadas cantidades de dinero para liquidar sus obligaciones fiscales por sucesión (en la mayoría de casos de padres a hijos), al haber heredado un bien inmueble y poco más. Pero claro, valorando las haciendas autonómicas muchas veces el valor fiscal de los inmuebles a precios semejantes a los de la época del boom inmobiliario.

O perjudica a los tan malogrados como siempre herederos de las grandes fortunas que con múltiples exenciones por sucesión de empresas o sociedades constituidas al efecto, se desgravan gran parte de la presión fiscal que se dice que padecen.

Porqué no un impuesto de verdad progresivo que grave fundamentalmente a las herencias de las grandes fortunas, para una justa redistribución de la renta y eliminación de los desequilibrios sociales.

e) Supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que fue creado por el Gobierno para financiar el déficit tarifario que tiene un fin meramente recaudatorio. Como compensación, los expertos proponen aumentar el Impuesto sobre la Electricidad. No obstante, lo recaudado por ese incremento no correspondería a las comunidades autónomas, que actualmente perciben el 100% de la recaudación. Lo comido por lo servido, al final, ¿quién financia de verdad el tragicómico déficit tarifario.?

d) Refundir los dos impuestos existentes sobre el transporte (IVTM y IDTM) en un único tributo, el Impuesto sobre el Uso de Vehículos de Tracción Mecánica (IUVTM). La cuota dependerá del dióxido de carbono que emita cada vehículo. La regulación del impuesto correspondería al Estado pero lo gestionarían ayuntamientos y comunidades autónomas. Parece en principio una medida medioambiental de sentido común.

e) Eliminación gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), “a medida que el ritmo de avance en la consolidación fiscal lo permita”. No parece mala idea en principio, ¿pero el tiempo y las Comunidades Autónomas lo permitirán?

f) Supresión del impuesto a los depósitos bancarios. Creo que es una medida acertada y lógica, ya se tiene bastante penalización con las constantes comisiones bancarias.

g) Rebaja del impuesto sobre Sociedades al 20% con menos deducciones.

El primer paso sería una rebaja de cinco puntos, hasta el 25%. Se suprimiría la diferencia entre grandes sociedades y pymes. Sería hasta bueno, que aunque igualando a las PYMES con las Grandes Sociedades, estás últimas al final de verdad pagasen el 20% real y efectivo.

h) La Comisión propone equiparar el tipo del gasóleo al tipo de la gasolina a corto plazo.

i) Sobre el Capital Inmobiliario se propone:

- Buscar un nuevo “valor de referencia” que sea público, que se revise anualmente, que se aproxime al valor de mercado y que sirva para determinar el valor catastral. Realmente ya se tiene la capacidad técnica necesaria para hacerlo y está bastante perfilado, pero se precisa un cambio normativo. Parece una medida lógica y acertada.

- Excluir del IRPF todas las rentas inmobiliarias imputadas, estableciéndose una tributación patrimonial a través de un nuevo y reforzado IBI que tenga como base ese nuevo “valor de referencia”. Hasta ese entonces todos los inmuebles para el uso y disfrute de la familia, incluida la vivienda habitual, deben de tributar en IRPF mediante el sistema de imputación de rentas inmobiliarias, si bien se eximirían las viviendas habituales cuando la renta del contribuyente unida a la del cónyuge sea inferior a unos 20.000 euros y el valor catastral de la vivienda sea inferior a unos 90.000 euros. Vamos que la mayoría de la gente deberá pagar en la renta por tener vivienda habitual. Parece que el Gobierno, sobre todo el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no está por la labor de hacer esto en año electoral.

- Se suprimen las reducciones del 60%-100% en los arrendamientos de vivienda. Además se propone que no sean gasto fiscalmente deducible los intereses del préstamo para la adquisición o la reforma del inmueble arrendado. Esperemos que no sirva de traba para la filosofía de fomentar el alquiler por parte de los arrendadores.

- Se propone la exención de IVA del arrendamiento de inmuebles. Ya era hora de regularizar una situación como la que se daba.

j) En los rendimientos de actividades económicas se propone la supresión de la reducción similar a la de los rendimientos de trabajo. Asimismo se propone que el régimen general de estimación de bases debe ser, en todos los casos (no sólo en actividades económicas) el de estimación directa, suprimiéndose el método de estimación objetiva (módulos) y reduciendo sensiblemente el método directo simplificado, estableciéndose sistemas contables muy simplificados (ajustados al sistema de caja) y con “terminales” que se comuniquen a la Administración. Medida que debería de servir para evitar la falta de eficacia recaudatoria del método de módulos en muchos casos.

k) En cuanto a los  Sistemas de Previsión Social, tales como planes de pensiones, mutualidades de previsión social, etc.. Se propone:

- Las aportaciones sólo pueden realizarla los menores de la edad legal de jubilación, siendo obligatoria la percepción de las prestaciones a partir de esa edad, sin posibilidad de prórroga.

- Ir reduciendo los límites fiscalmente deducibles. Corren malos tiempos para este tipo de productos.

- Ampliar el régimen fiscal de los sistemas de previsión social a cuentas de ahorro.

l) Supresión en un período amplio de tiempo de la deducción por adquisición de vivienda habitual con carácter retroactivo. El periodo que proponen sería de entre 5 y 10 años. De este modo para muchos de los compradores de vivienda habitual antes de la desaparición de esta deducción en 2013, se eliminaría un importante ahorro fiscal que de alguna manera planificaron en la compra de sus inmuebles, creando un precedente de inseguridad jurídica en las clase media que tanto ha tenido que ver en la victoria del Partido Popular en las últimas elecciones. Todo esto me lleva a pensar que hasta que pasen las siguientes elecciones, el pulso dentro del Gobierno y Bruselas, lo va a ganar Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy algo reacios a una medida que haga peligrar su posible reelección.

m) Actualización y aumento de los mínimos personales y familiares. Se propone que los mínimos personales y familiares deben de restarse de la base en un futuro, una vez conseguida la consolidación fiscal y presupuestaria. Hasta ese momento debe de seguirse con el método actual de descontar de la cuota. Una medida de lógica aplicación al hacerla acorde con el incremento del coste de los gastos mínimos para vivir.

n) En cuanto a las tarifas del impuesto se proponen en la tarifa general un máximo de 4 escalones (rentas bajas, rentas medias-bajas, rentas medias-altas y rentas altas), con un tipo para el primer tramo en el entorno del 20% o incluso más bajo y un tipo para el tramo superior que sea menor del 50% y que se sitúe en el entorno de la media de la Unión Europea (43,7%). Para el ahorro se propone un único tipo que debe de coincidir con el del primer tramo de la tarifa general e inclusive con el tipo del Impuesto de Sociedades. Para las rentas de trabajo una medida lógica, que significará en muchos casos, la no subida de imposición ante las actualizaciones salariales a lo largo del tiempo, y el encuadramiento de las rentas más acorde con el poder adquisitivo de los contribuyentes.

ñ) Revisión de los límites para estar eximido de la obligatoriedad de presentación de la declaración de IRPF, reduciendo considerablemente los aplicables a los rendimientos de trabajo (22.000 euros u 11.200 euros si proceden de dos o más pagadores) y suprimiendo el resto de límites.

En conclusión esta propuesta parece que no supone una verdadera rebaja fiscal, sino más bien un intercambio de fichas del dominó fiscal que nos rige, que en realidad enmascara una aumento impositivo para el consumo y para las clases medias que tengan comprada su vivienda antes del finales del 2013 (un amplio espectro como se puede deducir). La sensación, una vez más, es que se ha perdido una oportunidad de establecer un sistema fiscal más justo y sostenible en el tiempo, a cambio de dar el beneplácito a las verdaderas medidas que nos exigen desde Bruselas.

Ahora esperaremos que el Gobierno no se desmarque en muchas de estas propuestas (como las últimas noticias indican sobre la disconformidad del ejecutivo con el aumento del IVA), con el único motivo de presentarse a las elecciones del año que viene como el salvador ante la presión de fuera; y que cuando gane las elecciones, si es el caso, las imponga haciéndonos creer que no lo ha quedado otro remedio y ha hecho todo lo posible para evitarlas. Una canción que tanto me suena al capítulo de la reforma de las pensiones.

DESCARGAR INFORME COMITÉ DE EXPERTOS REFORMA FISCAL 2014

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