Los Derechos de los ciudadanos y la Administración Electrónica.

En primer lugar ante el extenso contenido del tema de la Administración Electrónica, trataré de sintetizar y desarrollar sus aspectos más importantes en varios posts. En esté primer artículo indicaré los comienzos de esta tendencia a la que se encaminan todas las Instituciones y Entes de las diferentes Administraciones públicas.

Ante el gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los ámbitos social, económico y cultural de nuestra época, las Administraciones Públicas se han dado cuenta de las ventajas que conlleva la adaptación a estas nuevas tecnologías, acuñándose un nuevo término “la Administración Electrónica” el cual determinará el futuro más cercano ante el que se encamina el sector público.

Los objetivos principales de la Administración Electrónica serían:

- Prestación de servicios de mejor calidad.

- Reducción de los tiempos de espera.

- Mejorar la eficacia en el uso de los recursos presupuestarios.

- Aumento de la productividad.

- Mejora de la transparencia y la rendición de cuentas.

Se puede advertir que este tipo de objetivos vienen que ni pintados para la nueva coyuntura de crisis económica en la que nos movemos actualmente.

Así pues con esta finalidad se aprobó la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios  públicos, cuyo objetivo según la exposición de motivos sería la creación de una administración moderna para dar el mejor servicio al ciudadano superando las barreras que le separan de la Administración: (el tiempo que hay que dedicar a los trámites) y el espacio (desplazamientos). De este modo la ley configura la relación electrónica de los ciudadanos con el sector público como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para las Administraciones Públicas.

La gestación de la ley 11/2007 se incluyó dentro de un plan de medidas incluidas en el “Plan Moderniza” elaborado por el Ministerio de Administraciones publicas  en el 2005. Este plan recogía dentro del ámbito temporal (2006-2008) además del desarrollo de está ley, medidas como la creación del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos, Red de Oficinas Integradas (red 060) con los Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, incorporando a Internet mas de ochocientos formularios administrativos conjuntamente con más de cien servicios digitales con el nuevo DNI electrónico, y simplificando más de trescientos trámites a los ciudadanos. El desarrollo de la Administración electrónica dentro del “Plan Moderniza” fue en parte motivado por el “Plan de acción sobre la administración electrónica i2010”, plan europeo que se contiene en la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2006.

Pero el germen de la ley 11/2007 estuvo en la propia Ley 30/92, de 26 de noviembre “de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común”, que añadió la posibilidad de creación de registros telemáticos, la presentación de documentos a través de éstos, así como la notificación a los interesados por esta vía.

En la actualidad los principales Planes impulsadores de la Administración electrónica en el ámbito de la Administración del Estado son los Planes Avanza, Avanza 2, Moderniza y Conecta. Con ellos se quiere llegar a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

-Educación en la era digital, medidas para incorporar las TIC en el proceso educativo.

-Servicios Públicos digitales.

-Medidas para implantar las infraestructuras de banda ancha en todo el país.

-Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía.

-Fortalecer el sector de contenidos digitales garantizando la mejor protección de la propiedad intelectual.

-Mejorar la capacidad y extensión de las redes de telecomunicaciones.

-Desarrollo de un sistema de intercambio electrónico de datos entre las administraciones y con el ciudadano (Proyecto Certifica).

Toda esta serie de objetivos se tratan de cumplir con medidas de dotación presupuestaria directa, fomento a través de créditos, ayudas y subvenciones, y amplio desarrollo normativo de la materia. Destacando también la creación del Consejo Superior de la Administración Electrónica con la función de actuar como Observatorio de la misma para conocer su situación y evolución y proponer las medidas revisoras oportunas.

El cuanto a la ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios  público tuvo su específico desarrollo normativo por el Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

De este modo, es en este marco jurídico, donde se desarrollaron los derechos de los ciudadanos respecto de su relación con las Administraciones a través de medios electrónicos. Destacando los siguientes derechos que todos tenemos:

-A elegir entre aquellos medios electrónicos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

-A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

-A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.

- A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimiento en los que sean interesados.

-A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que se tenga la condición de interesado.

-A la conservación en formato electrónico por las Adms. Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.

-A obtener los medios de identificación electrónica necesarios pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del DNI para cualquier trámite electrónico con las Administraciones.

-A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Adms. Públicas.

-A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Adm. Públicas.

-A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

-El derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Adms. Públicas.

-A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Adms. Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

En particular, en los procedimientos relativos al acceso de una actividad de servicios y su ejercicio, (actividades económicas por cuenta propia) los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia.

Ateniéndonos a la normativa, estos derechos de los ciudadanos podrán ser ejercidos respecto de los  procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la Ley 11/2007, desde la fecha de entrada en vigor de la misma. En relación con la totalidad de los procedimientos se estableció un calendario de aplicación:

-La Administración General del Estado y Organismos públicos vinculados a la misma a partir del 31 de diciembre de 2009.

-Las Comunidades Autónomas, a partir de 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. En el caso de no poder cumplir con esta fecha deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de aplicación y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. En la actualidad el cumplimiento de estos calendarios en las Comunidades Autónomas está siendo lento, pero está llegando irreversiblemente a las últimas fases en la mayoría de ellas.

-Las Entidades Locales, a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Aunque las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Una vez determinados los derechos de los ciudadanos hay que decir que las garantías de los mismos se establecen a través de los siguientes mecanismos:

-Oficinas de atención presencial para poner a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos.

-Puntos se acceso o sedes electrónicas gestionadas por los departamentos y organismos públicos disponibles para los ciudadanos a través de la redes de comunicación.

-Servicios de atención telefónica para facilitar el acceso a las informaciones y servicios electrónicos.

-Creación la figura del defensor del usuario de la administración electrónica como garante del cumplimiento y de la efectividad de los derechos expuestos.

En conclusión para un eficaz desarrollo de la Administración Electrónica hay que dotar de recursos a los diferentes planes de desarrollo y proporcionar adecuada formación a los funcionarios, lo que redundará en un menor coste de los servicios, y la eliminación de la burocratización y lentitud excesiva de la que a veces se acusa a la Administración. Una vez más la clave está en invertir para el futuro o anclarnos en el pasado porque a corto plazo aparentemente resulta más económico.

Enlaces de interés

Normativa Administración Electrónica

Observatorio de la Administración Electrónica

Ley de Protección de datos

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