La reforma de la ley de la propiedad intelectual y los negocios de Internet

Parece ser que con el proyecto de reforma parcial de la ley de la propiedad intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) aprobado por el Consejo de Ministros recientemente se trata de entre otros motivos, garantizar en el ámbito digital la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en éste entorno.

Esta claro que con la expansión de Internet de manera globalizada y su indudable aplicación a todo tipo de negocios y rentabilidades publicitarias, esta exposición al quebranto de de los derechos de autor y de la propiedad intelectual está a la orden del día.

Así pues, con esta reforma se trataría de regular de una manera más acertada y adaptada los siguientes aspectos de la ley:

a) Se potenciaría los instrumentos de control y vigilancia efectivos a las entidades de gestión por las Administraciones Públicas. Escándalos como los que han afectado a la (SGAE) Sociedad General de Autores han puesto en entredicho la transparencia y gestión de este tipo de Entidades de gestión y defensa de los derechos de autor, por lo que la reforma trataría de establecer una enumeración detallada de las obligaciones de las mismas así como de las infracciones y sanciones que se les puedan aplicar. Se establecería también un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago. Para ello, impone a las entidades de gestión la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.

b) Se fomentaría la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet por medio de las siguientes medidas:

- Se modificaría de forma puntual la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero de 2000, para que el titular que vea dañados sus derechos pueda solicitar a un juez la identificación del titular de una página web sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala contenidos protegidos, de forma directa o indirecta.

- Se aumentarían las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Permitiéndole actuar frente a las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria. Dotándole de mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras. De este modo, se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad. También, cuando esté justificado, podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web. Se crearía un tablón de edictos electrónico que producirá efectos de notificación con carácter global.

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual también podrá actuar contra los intermediarios empresas de “hosting, publicidad”. La norma impone importantes sanciones para los intermediaros que no cumplan los requerimientos.

Todas estas medidas están dirigidas a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información. En ningún caso afectan a los usuarios finales de Internet.

c) Se concretaría el concepto legal de copia privada.

Una vez enterrado el canón digital, con la aprobación del Real Decreto1657/2012, mediante el cual se regulaba el procedimiento para la compensación por copia privada, era necesario acotar este concepto, amparándose en los márgenes que se deducen de la normativa y jurisprudencia europea. Cabe destacar que el Proyecto mantiene la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien este sistema es transitorio, a la espera de una armonización comunitaria.

Permanecen amparadas las reproducciones de CD o DVD comprados, las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de las copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia”, añade el documento. “Quedan excluidas las copias de copias, las que se hagan de un CD prestado o de canciones bajadas de iTunes”. Lo que significa que los usuarios no podrán compartir contenido digital que esté protegido, aunque haya sido comprado y se restrinja al entorno privado.

d) Apertura de la vía civil para luchar contra la piratería. El Gobierno ha incluido en el proyecto de reforma de ley la posibilidad de usar la vía de la jurisdicción civil para investigar e identificar a los infractores de propiedad intelectual. Esta nueva posibilidad antes sólo existía la vía penal.

En cuanto a la vía penal recientemente tenemos el caso del juzgado de lo Penal número 6 de Málaga que ha dictado una sentencia por la que condena al administrador de una página web por dos delitos tipificados en los artículos 270 y 286.1 del Código Penal, relativos a la propiedad intelectual e industrial, por ofrecer partidos de fútbol que Canal+ tenía en exclusiva. La cuantía de la indemnización se fijará en la ejecución de la sentencia.

Según han informado a través de un comunicado, la persona condenada creó en junio de 2008 una web de la que era administrador y a través de la cual ofrecía a las personas que se registraban en el foro “el acceso gratuito a los partidos de fútbol de la Liga BBVA y de la Liga de Campeones, que Canal+ tenía en exclusiva”.

El acceso a esos partidos no exigía que los usuarios registrados en el foro realizasen directamente ningún desembolso económico, aunque la página web les sugería que “pinchasen” en los anuncios publicitarios insertos en la página y que enviasen un determinado número de mensajes, según han asegurado desde Canal+.

A cambio, la web les ofrecía una clave de acceso si se alcanzaba un determinado número de mensajes remitidos. Estas actividades “reportaban al administrador de la página ingresos económicos derivados de las visitas a la publicidad inserta en su web”. La sentencia también ordena el comiso y destrucción del material informático intervenido por la Policía, según han precisado. (EUROPA PRESS)

e) Tasa a los agregadores de noticias (lector o recopilador de contenidos es un tipo de software para suscribirse a fuentes de noticias en formatos RSS, Atom y otros derivados de XML como RDF/XML. El agregador reúne las noticias o historias publicadas en los sitios con redifusión web elegidos, y muestra las novedades o modificaciones que se han producido en esas fuentes web; es decir, avisa de qué webs han incorporado contenido nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido y contenidos). Los agregadores de noticias podrán utilizar fragmentos de contenidos de información, opinión o entretenimiento sin autorización previa, siempre y cuando paguen una llamada “compensación equitativa” que tendrán que acordar con las entidades de gestión de derechos (La negociación sobre el cuánto y el cómo deberá resolverse en un periodo máximo de ocho meses desde la promulgación de la ley. Tres meses como máximo para fijar la orden y cinco para alcanzar el acuerdo entre las partes. Si no se llegara a un pacto, fijará la cuantía por decreto la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual). Con esta nueva inclusión pretende evitarse que gigantes como Google con su servicio Google News se lucren con contenidos de otros, y que al fin las empresas editoras sean compensadas por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias.

f) La duración de los derechos de autor. La nueva ley cambiará la caducidad de estos derechos, que pasarán de los 50 años a los 70 años en grabaciones y obras musicales con letra, equiparándose así al resto de obras sujetas a derechos de autor.

g) Persecución de la webs de enlaces. La reforma fija también sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros en caso de “incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos”, además de establecer la posibilidad de perseguir e implicar a los intermediarios, anunciantes de dichas páginas y empresas de pago electrónico que facilitan algún servicio relacionado con las descargas ilegales.

Como todos sabemos hace escasos días los portales SeriesYonkis y PeliculasYonkis han bloqueado sus enlaces a descargas gratuitas ante la sorpresa de sus usuarios que no habían sido previamente informados de ello. Habría que preguntarse ¿si existe alguna relación con la aprobación de este proyecto de ley y el cierre de enlaces de SeriesYonkis?.

En conclusión, para muchas asociaciones de autores e internautas el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual puede disuadir a los emprendedores de crear nuevos negocios en Internet por falta de seguridad jurídica y falta de concisión en su articulado. Además de introducir confusión en el mercado y desconcierto entre los usuarios, aumentar la litigiosidad y beneficiar únicamente a las empresas tecnológicas, que se enriquecen con la explotación de los contenidos de los creadores.

Mientras que para otros no impide la creación de empresas en internet, sino que se limita a clarificar y ordenar las dudas que existían y a mostrar la responsabilidad de cada uno en caso de cometer actos ilícitos.

Como siempre el tiempo dará y quitará razones, pero esperemos que la aplicación de una norma de este tipo no favorezca al final a los grandes de Internet, perjudique a los pequeños negocios y autores, y limite la libertad en la generación de contenidos libres y gratuitos en internet.

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